En el mes de febrero, el colectivo IOE ha realizado un informe, basado en los datos actualizados recogidos por el Barómetro social, que analiza los principales impactos de la crisis económica poniendo énfasis en las reorientaciones del gasto público. Avanzamos aquí algunas de sus conclusiones. (Para un mayor desarrollo ver el documento completo)
● En las últimas décadas se registra una distribución regresiva del ingreso entre clases, pues la parte de los salarios sobre el ingreso global retrocedió tanto durante el ciclo expansivo -6 puntos porcentuales entre 1994 y 2007 (de 67,3% a 61,6%)- como en estos años de crisis -otros 4 puntos entre 2007 y 2012 (hasta 57,3%)-. En suma, la participación de los salarios en la renta nacional descendió continuamente durante el último ciclo de crecimiento y vuelve a caer con la adopción de políticas “de ajuste” desde 2010, perpetuando y agudizando una tendencia estructural a la redistribución regresiva de la renta.
● Existe, además, una importante desigualdad entre las rentas salariales que se ha ampliado con la crisis. La relación entre el salario medio de quienes ganaban cinco veces más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el de quienes cobraban por debajo del SMI pasó de 17,6 en 2007 y a 18,5 en 2011, aumentando la distancia entre “asalariados ricos” y “asalariados pobres”. En 2000 la retribución media de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 2011; por su parte, la de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60,6%.
● Durante los años de crecimiento mejoró la distribución de la renta (lo que se ingresa cada año en los hogares), reduciéndose en tres puntos el índice de desigualdad en su reparto. Sin embargo, el reparto de la riqueza (el conjunto del patrimonio acumulado por los hogares, más allá de los cambios coyunturales de ingresos) empeoró claramente: en 2002 el 25% de hogares más ricos tenía 33.3 veces más patrimonio que el 25% más pobre; en 2005 la diferencia había crecido hasta 39,3.
Con la crisis ha empeorado el reparto de la renta y de la riqueza. La primera ha retrocedido 3 puntos, perdiendo lo avanzado durante los años de crecimiento. Por ello, la tasa de pobreza se ha incrementado de 18% a 21%. La brecha de desigualdad de riqueza entre el cuarto de hogares más rico y el más pobre pasó de 39 a 50 veces. Así, “gracias” a la crisis las desigualdades de patrimonio son cinco veces más pronunciadas que las de renta.
En los últimos 30 años el 1% de la población española con mayores ingresos incrementó su participación en un 21,5%, a costa del 99% restante que la redujo en un 1,8%. Y la desigualdad se acrecienta cuanto más nos aproximamos a la cúspide de la riqueza: el 0,1% con mayores ingresos (15.000 hogares) consiguió un incremento del 40,1%, y el 0,01% (1.500 familias) alcanzó el 73,1%.
● El crecimiento económico hasta 2007 ocasionó un intenso deterioro de las condiciones ambientales (aumento del consumo de energía, de la dependencia energética, de las emisiones de CO2, etc.). El inicio de la recesión económica supuso la mejora de algunos índices, debido a la caída de la producción (reducción de emisiones, del consumo de fertilizantes y plaguicidas químicos, crecimiento de las fuentes renovables, etc.). Sin embargo, en 2010 y 2011 se registra un nuevo empeoramiento. Actualmente España sigue incumpliendo los compromisos de Kioto y la huella ecológica sigue siendo inasumible: para sostener la producción existente en 2008 se necesitaría un territorio que superase 3.3 veces la superficie del país.
● Ante el estancamiento de los salarios, durante el ciclo económico expansivo la demanda se alimentó vía endeudamiento (créditos al consumo e hipotecarios). Las deudas de los hogares suponían en 1944 el 66% de su renta anual, y pasaron al 150% en 2007, proporcionando un volumen de negocio al sistema financiero de un billón de euros. Durante los años de crisis el volumen de deuda de los hogares apenas se ha reducido y grava muy especialmente a los sectores de menores inresos: en 2008 la deuda de los hogares pobres suponía una carga 17 veces mayor en relación a su patrimonio que en el caso de los hogares con mayor riqueza. La pérdida de ingresos de muchas familias ha generado un notable incremento de los desahucios: más de 300.000 familias que no han podido pagar sus hipotecas; sumando las desalojadas de viviendas en alquiler nos acercamos a las 500.000 expulsadas de sus hogares.
● El desarrollo de la crisis y las políticas adoptadas han generado graves problemas para un amplio sector de la población trabajadora y pensionista, muy especialmente para quienes se encuentran en paro, sobre todo si no reciben ninguna prestación de desempleo (2,8 millones de personas) y/o todos los miembros de su grupo de convivencia se encuentran sin trabajo (uno de cada diez hogares). En 2012 el 45% de los hogares no puede permitirse una semana de vacaciones al año (el 33,5% en 2008), el 40% no puede afrontar gastos imprevistos (26,1% en 2008) y el 7,4% ha tenido retrasos en el pago de su vivienda habitual (5,4% en 2008).
● Los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social son la base de las políticas sociales públicas que constituyen el salario indirecto de los hogares. En 2010 su aporte en servicios y prestaciones equivalían al 94% de la masa salarial: en términos gruesos, el salario indirecto global tiene casi la misma magnitud que el total de salarios directos. A pesar de este importante volumen, el gasto de España en políticas sociales en relación al PIB ha sido siempre inferior a la media de la
Unión Europea durante los últimos 20 años.
La importancia de las prestaciones sociales respecto al conjunto de ingresos de los hogares ha variado mucho en función del momento del ciclo económico: en 1994 –al finalizar la anterior crisis económica- suponían el 46%, pero en 2005 –en pleno boom inmobiliario y financiero- apenas representaban el 18%. En 2010 -tras el derrumbe de las distintas burbujas –aportan el 48% de los ingresos de los hogares. Estas cifras se refieren al conjunto de hogares; obviamente su relevancia es mucho mayor para los sectores de población de menores ingresos.
Las principales partidas de política social son las destinadas a pensiones, sanidad, educación y prestaciones de desempleo. Entre las cuatro suponían en 2011 el 80% del gasto social y el 24% del PIB. A partir del giro de 2010, concretado en los presupuestos de 2011, la política de recortes ha deteriorado los recursos destinados a sanidad, educación y desempleo, mientras reduce el ritmo de ampliación de la partida destinada a pensiones.
Los recursos destinados a sanidad y educación experimentaron un crecimiento ligeramente por debajo del PIB por persona en la fase expansiva de la economía, para situarse por encima en la etapa de crisis a pesar de los descensos experimentados en 2010 y 2011, pues su contracción resultó inferior a la del conjunto de la economía.
Las pensiones aumentaron a un ritmo bastante menor que el PIB hasta 2008 pero es la única partida que ha continuado creciendo hasta 2011, año en que superan a los gastos en educación.
El volumen destinado a prestaciones de desempleo bajó mucho en la fase expansiva debido a la reducción del paro, y creció intensamente en 2008 y 2009, en paralelo con la destrucción de empleo, para descender en 2010 y 2011 al finalizar el período de cobro de la prestación por parte de gran parte de los parados y paradas de larga duración.
En definitiva, la crisis económica está siendo utilizada como excusa para profundizar en el modelo de capitalismo neoliberal, tal como se hizo a partir del Consenso de Washington en muchos países periféricos. Ahora, basándose en el Tratado europeo de Lisboa (2009), el llamado Pacto Fiscal (de las élites) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (2012) estamos expuestos a similares procesos de deterioro social y, quizás, de confrontación política.