“Son innumerables las normas que proclaman la necesidad de que las administraciones públicas trabajen a favor del desarrollo de una economía y unas empresas más humanas y más sociales, tanto en su organización interna como en sus relaciones comerciales y en la responsabilidad de conseguir efectos positivos en el entorno social y ambiental”, nos explica Javier Blanco, abogado de Aquo, una de las nuevas entidades que han ingresado en Tangente.
Aquo, que ofrece asesoría contable, laboral y jurídica, ha participado junto a otras entidades de Tangente (Andaira e Idealoga) y Dinamia en el diagnóstico que se acaba de realizar del Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria (ESS) para la ciudad de Madrid.
Este Plan se desarrolla en un momento político favorable a nivel municipal. Existe un Plan de Gobierno de la ciudad de Madrid (2015-2019) con 18 medidas concretas para fomentar la ESS, el desarrollo sostenible y el empleo digno y equitativo. Pero el camino no es fácil. Ya sólo diagnosticar el estado de la cuestión de la ESS en Madrid es un verdadero reto, los datos están muy dispersos o directamente no existen.
Aquo, encargada del análisis jurídico, ha radiografiado las normas que regulan ese espectro amplio que abarca la economía social y solidaria: cooperativas, mutualidades, Centros Especiales de Empleo, mutualidades, sociedades laborales, asociaciones del tercer sector y otras iniciativas comunitarias que han proliferado en los últimos años, como los grupos de consumo.
Reformas necesarias
Aquo también ha identificado las barreras legales y las reformas que serían necesarias para fortalecer ese tejido tan diverso.
Dado que la regulación estatal excede el radio de acción de este Plan, el diagnóstico legal de Aquo apunta la necesidad de una Ley autonómica de la economía social que concrete las pautas genéricas contempladas por la ley estatal 5/2001 pero que incluya todas las formas legales reconocidas de la economía social y solidaria, como nos cuenta Javier.
En ese sentido, también ha identificado algunas líneas que debe acometer la reforma de la Ley de Cooperativas de la CAM, actualmente en proceso de revisión. ¿Cuáles? “Facilitar el proceso inicial de constitución de las sociedades cooperativas así como la acogida de todas las experiencias de cooperación societaria que puedan surgir con independencia del encuadre formal en uno u otro tipo de cooperativa; eliminar algunas exigencias formales que dificultan el normal o ágil funcionamiento de las sociedades cooperativas (como la figura de interventor/a en las pequeñas cooperativas), y también desarrollar criterios legales y medios administrativos que permitan expulsar de la ESS formas fraudulentas, como las falsas cooperativas de facturación y las promotoras o gestoras inmobiliarias que utilizan la forma cooperativa para el desarrollo de sus negocios”.
Normativas consensuadas
“La necesaria progresión de la economía social y solidaria en detrimento de las formas más agresivas, depredadoras y especulativas de la economía capitalista pasa por ampliar el número de personas, agentes públicos y privados, organizaciones sociales que estén convencidas de esta necesidad. Buscamos consolidar para el futuro una apuesta social y políticamente mayoritaria de este modelo de desarrollo económico, con independencia de quién gobierne en cada momento las instituciones”, señala Javier.
Esas nuevas normativas tienen que ser consensuadas, no sólo por las entidades que se sienten parte de la ESS sino por los diferentes partidos representados en las instituciones. Por esa razón el diagnóstico se ha realizado de forma participada. Además, una de las principales apuestas del plan será introducir la economía social y solidaria en los centros educativos a todos los niveles, incluido el universitario, un camino que ya se está transitando con posgrados como el que ha impulsado la Red de Economía Alternativa y Solidara (REAS) en la Complutense.
La redacción del Plan Estratégico está en su recta final. Su versión definitiva estará en septiembre y sus líneas generales se someterán a un proceso participativo público a través de la herramienta municipal “Madrid decide”.
De momento, os dejamos con los materiales que se presentaron en el Congreso Madrileño de Economía Social y Solidaria a finales de marzo.